La Ley 30/1992 regula el procedimiento administrativo con las siguientes
fases:
1ª.‐ Iniciación
2ª.‐ Ordenación
3ª.‐ Instrucción
4ª.‐ Finalización
5ª.‐ Ejecución
1ª FASE.‐ INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Clases de iniciación.‐ Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona
interesada.
Iniciación de oficio.‐ Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir
un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Solicitudes de iniciación.‐ Las solicitudes que se formulen deberán contener:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo
represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se
señale a efectos de notificaciones.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la
solicitud.
c) Lugar y fecha.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad
expresada por cualquier medio.
e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas
tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser
formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los
procedimientos específicos dispongan otra cosa.
De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados
en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente
recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia
en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.
Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas
normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la
resolución numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados
estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas.
Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes
para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser
admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
Subsanación y mejora de la solicitud.‐ Si la solicitud de iniciación no reúne
los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por
la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución.
Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a
petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los
documentos requeridos presente dificultades especiales.
En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano
competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias
de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se
incorporará al procedimiento.
Declaración responsable y comunicación previa.‐ Se entenderá por
declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad
o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente
a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos referidos deberán estar
recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
Se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los
interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus
datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un
derecho o el inicio de una actividad.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los
efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y
permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio
de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas
las Administraciones Públicas
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá
presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la
legislación correspondiente lo prevea expresamente.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad
de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las
normas sectoriales de aplicación.
Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y
actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los
cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se
podrán presentar a distancia y por vía electrónica.
Medidas provisionales.‐ Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para
resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.
Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano
competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para
la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las
medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma
de rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas
o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá
ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el
procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de
difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de
derechos amparados por las leyes.
Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de
circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el
momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Acumulación.‐ El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera
que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros
con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
2ª FASE.‐ ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Impulso.‐ El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de
oficio en todos sus trámites.
En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de
incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la
unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede
constancia.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la
exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será
causa de remoción del puesto de trabajo.
Celeridad.‐ Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza,
admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá
consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.
Cumplimiento de trámites.‐ Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse
en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto,
salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los
interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en
conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para
cumplimentarlo.
A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores,
se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin
embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos
legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución
en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Cuestiones incidentales.‐ Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso
las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación
del mismo, salvo la recusación.
3ª FASE.‐ INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actos de instrucción.‐ Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución,
se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin
perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que
requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente
establecidos.
Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se incorporen a la
instrucción de un procedimiento deberán reunir las garantías legalmente
establecidas para estas técnicas de información así como la identificación
técnica del procedimiento seguido para la obtención de estos resultados.
Alegaciones.‐ Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al
trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar
la correspondiente propuesta de resolución.
En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación
y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos
preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados
antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar
lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente
responsabilidad disciplinaria.
Medios y período de prueba.‐ Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo
acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 30 días
ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas
por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias,
mediante resolución motivada.
Práctica de prueba.‐ La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente,
el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que
hayan sido admitidas.
En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se
practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado
puede nombrar técnicos para que le asistan.
En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas
cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta
podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva,
una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará
uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
Petición de informes.‐ A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos
informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen
necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando,
en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los
que se solicita.
Evacuación de informes.‐ Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y
no vinculantes.
Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una
disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permitan
o exija otro plazo mayor o menor.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir
las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto
en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la
resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los
trámites sucesivos.
Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta
de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista
correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin
que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las actuaciones.
El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar
la correspondiente resolución.
Trámite de audiencia.‐ Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso,
a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos
protegidos.
Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión
de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se
tendrá por realizado el trámite.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Actuación de los interesados.‐ Los actos de instrucción que requieran
la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que
resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con
sus obligaciones laborales o profesionales.
Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo
consideren conveniente en defensa de sus intereses.
En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias
para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de
los interesados en el procedimiento.
Información pública.‐ El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la
naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información
pública.
A tal efecto, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», de la
Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo
que se acuerde.
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para
formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer
los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí
misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u
observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una
respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen
cuestiones sustancialmente iguales.
Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán
establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos,
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la
Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos.
4ª FASE.‐ FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Terminación.‐ Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia
al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida
por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad
material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte
deberá ser motivada en todo caso.
Terminación convencional.‐ Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios
o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles
de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada
caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la
consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución
que les ponga fin.
Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y
territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su
naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los
acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias
atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que
correspondan a las autoridades y funcionarios relativos al funcionamiento de
los servicios públicos.
Contenido de la resolución.‐ La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por
los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas,
poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince
días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en
su caso, los medios de prueba.
En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución
será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso
pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la
Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos
establecidos. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan,
órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al
caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento
de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes
de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo
29 de la Constitución.
La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la
resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
Ejercicio del desistimiento y la renuncia.‐ Todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados,
el desistimiento o la renuncia sólo afectarán a aquéllos que la hubiesen
formulado.
Medios y efectos.‐ Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio
que permita su constancia.
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y
declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo
terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días
desde que fueron notificados del desistimiento.
Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés
general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento,
la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al
interesado y seguirá el procedimiento.
Caducidad: requisitos y efectos.‐ En los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa
imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres
meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el
particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones,
notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad
procederán los recursos pertinentes.
No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en
la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su
derecho al referido trámite.
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción.
Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión
suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su
definición y esclarecimiento.
5ª FASE.‐ EJECUCIÓN
Título.‐ Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de
ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que
previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento
jurídico.
El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará
obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la
actuación administrativa.
Ejecutoriedad.‐ Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los
artículos 111 y 138, y en aquellos casos en que una disposición establezca lo
contrario o necesiten aprobación o autorización superior.
Ejecución forzosa.‐ Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada
caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los
actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución
de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención
de los Tribunales.
Medios de ejecución forzosa.‐ La ejecución forzosa por las
Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de
proporcionalidad, por los siguientes medios:
a)
Apremio sobre el patrimonio.
b)
Ejecución subsidiaria.
c)
Multa coercitiva.
d)
Compulsión sobre las personas.
Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos
restrictivo de la libertad individual.
Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las
Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su
defecto, la oportuna autorización judicial.
Apremio sobre el patrimonio.‐ Si en virtud de acto administrativo
hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto
en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
En cualquier caso no podrá imponerse a los ciudadanos una obligación
pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
Ejecución subsidiaria.‐ Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no
ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a
través de las personas que determinen, a costa del obligado.
El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de
la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
Multa coercitiva.‐ Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas
determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de
determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo
que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:
a)
Actos personalísimos en que no proceda la compulsión
directa sobre la persona del obligado.
b)
Actos en que, procediendo la compulsión, la
Administración no la estimara conveniente.
c)
Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra
persona.
La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse
con tal carácter y compatible con ellas.
Compulsión sobre las personas.‐ Los actos administrativos que impongan
una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por
compulsión directa sobre las personas en los casos en que la Ley expresamente
lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos
reconocidos en la Constitución.
Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la
prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya
liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.
Prohibición de interdictos.‐ No se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones de los
órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo
con el procedimiento legalmente establecido.
