OBJETO Y PLAZOS.‐ Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el
recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó,
que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
1ª.‐ Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de
los propios documentos incorporados al expediente.
2ª.‐ Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto
que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3ª.‐ Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella
resolución.
4ª.‐ Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya
declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la
causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de
tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia
judicial quedó firme.
Lo establecido sobre el recurso de revisión no perjudica el derecho de los
interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los
artículos 102 [revisión de disposiciones
y actos nulos] y 105.2 [rectificación de errores materiales, de
hecho o aritméticos] de la Ley 30/1992 ni su derecho a que las mismas se
substancien y resuelvan.
RESOLUCIÓN.‐ El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo
no se funde en alguna de las causas previstas en la Ley 30/1992 o en el
supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos
sustancialmente iguales.
El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión
debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su
caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de
revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá
desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso‐administrativa.
